Mientras las grandes cifras macroeconómicas acaparan los titulares, millones de colombianos sostienen la economía desde abajo, con oficios, rebusques y emprendimientos que integran lo que hoy se denomina economía popular. Entre estos actores, las tiendas de barrio se destacan como columna vertebral de un sistema que no solo subsiste, sino que dinamiza la vida cotidiana de los territorios.

En Colombia, la economía popular reúne a los trabajadores por cuenta propia, vendedores ambulantes, recicladores, pequeños productores, tenderos, modistas, agricultores familiares, mototaxistas y muchos otros oficios que, sin grandes estructuras, generan ingresos para el 55,9% de la población que sostiene esta economía con trabajo informal, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este sector, que por años ha sido estigmatizado por su informalidad, hoy empieza a posicionarse como un eje fundamental, especialmente desde que el gobierno nacional promueve su reconocimiento y fortalecimiento a través de programas como Economía Popular para el Cambio, liderado por Prosperidad Social. La idea es clara, no se trata solo de integrar a estos trabajadores al sistema formal, sino de garantizar condicione sostenibles y adaptadas a sus realidades. Pero, aunque existan miles de programas, la verdad es que no se le brindan garantías dignas y de políticas públicas a este sector de la economía colombiana.

Las tiendas de barrio como base operativa de la economía local

Dentro de este universo económico diverso y dinámico, las tiendas de barrio cumplen un rol estratégico. En Colombia hay alrededor de 500.000 tiendas, muchas de ellas ubicadas en zonas populares, rurales y periféricas, donde no llegan supermercados ni grandes cadenas. Su existencia garantiza el acceso a alimentos, productos de higiene y elementos básicos a precios accesibles y sin necesidad de desplazamientos largos. Pero su aporte va más allá del abastecimiento.

Las tiendas de barrio son fuente de empleo familiar, punto de encuentro social, red de crédito informal y en muchos casos, termómetro del bienestar comunitario. Su dinamismo también impacta a otras cadenas de la economía popular como a los panaderos artesanales, proveedores de huevos, agricultores locales, emprendedores que producen arepas, dulces o jugos y distribuidores informales. Es decir, cuando una tienda de barrio funciona, activa una red económica que alimenta muchos más hogares.

No obstante, las tiendas de barrio enfrentan desafíos enormes. El primero y más evidente es la informalidad. Muchas de ellas operan sin registro mercantil, sin acceso a seguridad social ni a crédito bancario. Esto limita su capacidad de crecimiento, su posibilidad de acceder a subsidios o programas de ayuda y las hace vulnerables ante crisis económicas o sanitarias, como se evidenció durante la pandemia.

Otro reto es la falta de formación y herramientas digitales, muchos tenderos no llevan un control contable adecuado, desconocen cómo fijar precios rentables o no utilizan canales digitales de pago, lo cual reduce su competitividad. Aunque cada vez más se promueve el uso de datáfonos, códigos QR o billeteras electrónicas, la brecha digital sigue siendo una barrera, especialmente en zonas rurales.

Además, enfrentan la presión de las grandes marcas que imponen precios sugeridos en sus promociones, sin tener en cuenta los márgenes reales de ganancia de los tenderos, lo que puede hacerlos vender con pérdidas si no se hace un cálculo adecuado. También compiten con tiendas de grandes cadenas que llegan a los barrios con precios bajos y promociones constantes.

Urgencias y caminos posibles

Frente a este panorama, las urgencias son múltiples, formalizar sin excluir, financiar sin endeudar, capacitar sin complicar y sobre todo, reconocer sin romantizar. La economía popular no es una economía de segunda, ni un modo de sobrevivir temporalmente. Es una forma legítima y estructural de generar ingresos y bienestar que debe ser respaldada con políticas públicas, redes de apoyo y condiciones justas.

En ese marco, apoyar a los tenderos no es solo una cuestión comercial, sino un acto de justicia social. Las capacitaciones gratuitas, los microcréditos con tasas justas, la digitalización accesible, las alianzas con productores locales y la creación de redes entre tenderos pueden marcar la diferencia. Como país, urge entender que sin economía popular no hay economía nacional.