En Colombia, las tiendas de barrio desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de las comunidades. Sin embargo, en 2025, ha surgido una preocupación creciente respecto a la venta no autorizada de medicamentos en estos establecimientos, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública.

Tradicionalmente, las tiendas de barrio han sido puntos de acceso para productos de primera necesidad. No obstante, la venta de medicamentos, especialmente aquellos que requieren prescripción médica, está regulada estrictamente en Colombia. Según el Decreto 3050 de 2005, los medicamentos de venta bajo fórmula médica sólo pueden ser expendidos en droguerías y farmacias autorizadas. Incluso los medicamentos de venta libre deben cumplir con requisitos específicos de almacenamiento y condiciones higiénicas en los establecimientos que los comercializan.  

La venta inadecuada de medicamentos en las tiendas puede llevar a consecuencias graves, como la automedicación, el uso de productos vencidos o falsificados y la falta de orientación profesional poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

Casos recientes de incautaciones y sanciones

En los últimos meses, las autoridades han intensificado los operativos para controlar la venta ilegal de medicamentos en establecimientos no autorizados. Por ejemplo, en Bogotá, se incautaron más de 3.800 medicamentos alterados y vencidos en locales de las localidades de Bosa y Kennedy. Estos productos, algunos de uso institucional y prohibidos para la venta al público, fueron encontrados en condiciones inadecuadas, lo que llevó al cierre temporal de los locales y la imposición de multas significativas.  

Asimismo, en Cereté, Córdoba, las autoridades decomisaron más de 8.000 unidades de medicamentos vencidos y cerca de 23.000 de uso institucional en una droguería local. Estos productos, avaluados en aproximadamente 180 millones de pesos, estaban siendo comercializados sin las debidas autorizaciones, lo que resultó en la captura del responsable por enajenación ilegal de medicamentos.  

La venta no autorizada de medicamentos no sólo infringe las normativas sanitarias, sino que también representa un delito penal. Las personas involucradas en estas prácticas pueden enfrentar sanciones que incluyen multas, cierre de establecimientos y procesos judiciales.

Además, desde una perspectiva ética, los tenderos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de sus clientes. Comercializar medicamentos sin la debida autorización compromete la confianza de la comunidad y puede tener consecuencias devastadoras para la salud de los consumidores.