Una grave denuncia fue dada a conocer por los veedores ciudadanos de movilidad Fabio Narváez y Willington Ortiz, quienes aseguran haber sido víctimas de agresión física, hurto y abuso de autoridad por parte de agentes de tránsito adscritos a la Secretaría de Movilidad de Neiva. Los hechos se habrían presentado el pasado viernes 4 de julio, en inmediaciones del centro de eventos Manhattan, al norte de la ciudad.

Según lo relatado a través del espacio comunitario de Alfa Estéreo 107.8 FM, los veedores acudieron al lugar luego de recibir una alerta ciudadana sobre la posible presencia de de un vehículo oficial, estacionado en un área no permitida.

“Llegamos al lugar y evidenciamos que el vehículo con placas OWI 600, adscrito a la Secretaría de Movilidad, estaba mal estacionado. Iniciamos una transmisión en vivo y solicitamos una prueba de alcoholemia, como parte de nuestro ejercicio de control social”, afirmó Fabio Narváez.

Fue en ese momento cuando, según el testimonio, los funcionarios públicos habrían reaccionado con violencia. Narváez relata haber sido empujado hacia la vía pública, golpeado, pateado y despojado de su celular, el cual posteriormente habría sido destruido por el agente identificado como Delta 51.

De manera similar, Willington Ortiz, también veedor de movilidad, asegura haber sido rodeado por varios agentes vestidos de civil, quienes lo habrían agredido físicamente, causándole lesiones en brazos, espalda, cintura y dedos. Además, denuncia el hurto y daño de su celular, el cual fue golpeado repetidamente contra el piso por los agresores.

“Temimos por nuestra vida. Esto podría haber terminado en un homicidio. No es posible que quienes deben garantizar el orden, actúen de manera violenta contra quienes ejercemos el control ciudadano”, declaró Ortiz.

Llamado a la Fiscalía y autoridades

Ambos veedores hicieron un llamado urgente a los organismos de control, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana, para que se revise el material de video de las cámaras de seguridad del lugar, se identifiquen a los responsables y se avance en las investigaciones por los presuntos delitos de hurto calificado, tentativa de homicidio, lesiones personales, abuso de autoridad y daño en bien ajeno.

“Esto es un ataque contra los derechos humanos, la participación ciudadana y el ejercicio de veeduría legal. Necesitamos respuestas y garantías para seguir cumpliendo nuestro rol sin temor a represalias”, puntualizó Narváez.