Desde la comuna 8 de Neiva, Giovanni Moncada, ciudadano y emprendedor local, denunció ante los micrófonos de Alfa Estéreo lo que considera una grave irregularidad en la actuación de la Secretaría de Movilidad, luego de que fuera sancionado con un comparendo en agosto de 2024 por una presunta infracción que, según él, nunca cometió.

Moncada relató que el comparendo fue impuesto por la agente de tránsito Carla Lizette Medina, quien lo acusó de circular por una vía peatonal, cuando en realidad su motocicleta se encontraba estacionada. Acompañado por el veedor de movilidad, el ciudadano acudió al día siguiente ante el inspector de tránsito para presentar su defensa, pero la única opción que le ofrecieron fue solicitar una audiencia, la cual se llevó a cabo nueve meses después, el 19 de mayo de 2025.

Tras escuchar los testimonios y realizar el contrainterrogatorio, el inspector de tránsito falló a su favor el 16 de junio, declarándolo no contraventor y exonerándolo del pago del comparendo. Sin embargo, a pesar de haber sido absuelto, Moncada denunció que se le exige el pago completo de los costos de patios y grúa, que ascienden a más de $1.500.000, para poder retirar su motocicleta.

“La injusticia no termina con el fallo. ¿Cómo es posible que si no cometí ninguna infracción me sigan cobrando por algo que no debió suceder?”, cuestionó Giovanni, quien además aseguró que el comparendo fue originado como represalia, luego de reclamarle a la agente por no sancionar a unos policías que también estaban mal estacionados.

Moncada indicó que la situación ha afectado gravemente su economía, ya que su motocicleta era la herramienta principal de su negocio de domicilios. Según sus cálculos, ha dejado de percibir más de 30 millones de pesos durante el tiempo que ha estado sin su vehículo.

Frente a esto, el ciudadano hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad para que revise su caso y aplique la exoneración total, incluyendo los costos de patios y grúa, como corresponde tras un fallo favorable. También exhortó a la ciudadanía a no quedarse callada ante situaciones similares y a buscar asesoría con los veedores de movilidad.

El caso ya fue trasladado a la Fiscalía, donde Giovanni ha interpuesto una denuncia por los perjuicios económicos sufridos a raíz de este proceso que, asegura, no solo fue injusto, sino que le vulneró derechos fundamentales.