Pese a haber sido legalizado hace más de dos años, el barrio Brisas del Venado, ubicado en Neiva, continúa enfrentando graves dificultades por la falta de inversión en obras de infraestructura básica, especialmente en servicios públicos como el alcantarillado.

Así lo denunció Nancy Lizcano, presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector, quien aseguró que tras la resolución 053 del 2023, con la que se formalizó la existencia del barrio, no se ha ejecutado ninguna obra por parte de la actual administración municipal.

“Fuimos legalizados gracias a la gestión del exalcalde Gorky Muñoz Calderón, pero desde entonces hemos sido olvidados. No hemos tenido acompañamiento ni intervención, y cada solicitud que hacemos es una puerta cerrada”, afirmó Lizcano.

Según la líder comunal, la situación se agrava por la falta de voluntad de la actual administración, encabezada por el ingeniero Germán Casagua Bonilla, a quien señala de no atender las necesidades de las comunidades que no hicieron parte de su equipo político.

“El abandono ha sido total. No somos la única comunidad en esta situación. Los líderes barriales nos sentimos estigmatizados y sin respuesta. La administración ha descuidado a los adultos mayores, los niños y las mujeres”, expresó con preocupación.

Una de las principales problemáticas de Brisas del Venado es su alcantarillado artesanal, una estructura improvisada por los propios habitantes ante la falta de intervención técnica. Este sistema colapsa cada seis meses, generando rebosamientos y afectaciones sanitarias graves.

“Nos toca meternos dentro del alcantarillado a destaparlo, comprar tubos con rifas y bingos. La comunidad hace lo que puede, pero no tenemos los conocimientos ni los recursos. La salubridad está en riesgo”, añadió la presidenta.

Lizcano recordó que durante la anterior administración se alcanzó a realizar un diseño técnico para la instalación de un sistema adecuado, pero hasta el momento no se ha ejecutado. Desde entonces, los llamados a Empresas Públicas de Neiva (Ceiba) han sido insuficientes: en dos años solo se han atendido dos requerimientos.

La comunidad hace un llamado urgente al alcalde y a las entidades competentes para que se garantice el derecho a un entorno digno, seguro y saludable.

“No pedimos favores, exigimos lo que por ley nos corresponde. Fuimos legalizados, y eso nos da derecho a los servicios básicos”, concluyó Lizcano.