Una noticia que remueve la confianza ciudadana y deja al descubierto una preocupante falta de respeto institucional por la justicia fue dada a conocer en las últimas horas: un juez de la República ordenó el arresto de la secretaria de Movilidad de Neiva, Edna Johanna Cruz Bonilla, por desacatar una orden judicial relacionada con el derecho de petición de un ciudadano.

La funcionaria, rostro visible del gabinete del alcalde Germán Casagua, fue acusada de ignorar una tutela que protegía los derechos fundamentales del señor Leonardo Fabio Narváez López. Pese a que el fallo fue emitido el 12 de mayo de 2025 y ratificado por el Tribunal Superior de Neiva el 18 de junio, Cruz Bonilla no cumplió la orden judicial en su totalidad, lo que llevó al juzgado a tomar una decisión contundente: un día de arresto, que deberá cumplir en una estación de Policía de la ciudad.

Además, la secretaria fue sancionada con una multa económica equivalente a un día de salario mínimo legal vigente, suma que deberá consignar ante el Consejo Superior de la Judicatura en menos de cinco días.

La noticia no solo representa un golpe institucional, sino también un llamado de atención sobre el respeto —o la falta de este— hacia los derechos de los ciudadanos. ¿Qué mensaje se le envía a la comunidad cuando una alta funcionaria, encargada de velar por la movilidad y el orden público, desobedece a la justicia con impunidad?

El silencio de la Alcaldía frente a este escándalo solo profundiza el desconcierto. ¿Dónde están los mecanismos de control interno? ¿Por qué nadie actuó a tiempo? ¿Quién responde ante la ciudadanía?

En una ciudad que clama por transparencia, respeto y eficiencia, este acto de desacato es mucho más que un error administrativo: es un agravio a la confianza pública, un tropiezo que deja heridas profundas en la credibilidad del gobierno local.

Mientras el ciudadano afectado espera justicia, Neiva observa con asombro y tristeza cómo uno de sus funcionarios más visibles termina tras las rejas por no respetar lo más sagrado de la democracia: la ley.

Este no debería ser un episodio más que pase al olvido. Debería ser el punto de partida para reflexionar sobre el verdadero significado del servicio público: escuchar, responder, cumplir, respetar. Porque el poder no debe servir para silenciar derechos, sino para garantizarlos.